Por Fabián Peralta

Desde hace 14 años se incumple un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que la actual ley de drogas es anticonstitucional. Desde allí los sucesivos gobiernos de turno siguen estigmatizando, vulnerando derechos y sustentando políticas de disciplinamiento hacia toda la sociedad.

Solamente quien niegue la realidad puede sostener que la actual política de drogas no ha fracasado estrepitosamente en todo el mundo. Desde que el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, proclamó la “Guerra a las Drogas” ninguno de los objetivos planteados se consiguió. Muy por el contrario, aumentó la producción, el tráfico y el consumo. Se violaron sistemáticamente los derechos individuales de la ciudadanía con un exponencial incrementó de la violencia. La denominada Guerra a las Drogas fue -en la práctica- una guerra a las usuarias y usuarios.

En distintas latitudes hoy avanza la idea de la regulación estatal del cannabis. Uruguay fue un país pionero y a finales de 2023 se cumplirán diez años de la sanción de la ley que reguló el uso adulto del cabbanis, sea mediante el autocultico, cooperativas o la compra en farmacias. Un ejemplo que tenemos muy cerca, pero que, en general, nuestra dirigencia política decide ignorar.

En el mundo se abren permanentes debates sobre la necesidad de una nueva política de drogas, que sin dudas -más tarde o más temprano- llegará a cada país y a cada región. De hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas generó dos sesiones especiales dedicadas a las drogas en 2016 y 2021 (UNGASS).

Mientras esta discusión avanza en el mundo, en Argentina no logramos que el Congreso nacional cumpla con un fallo histórico de la Corte Suprema de la Nación. Hace 14 años se incumple el conocido “Fallo Arriola”, dictado en 2009, el cual estableció que la actual ley es anticonstitucional, y por el cual se debe dejar de perseguir a usuarios y usuarias. El máximo tribunal del país declaró que la actual ley no se ajusta a la Constitución y el parlamento lo desconoce.

La actual Ley de Drogas (N°23.737) fue sancionada en 1989 en el auge del menemismo, y reflejó el paradigma represivo que solo sirvió para vulnerar derechos, estigmatizar y sustentar políticas de disciplinamiento social.

Preguntarse hoy, casi treinta y cinco años más tarde de la sanción, por qué los distintos gobiernos siguen sosteninedo una lógica punitiva, es difícil de responder. ¿Será por la resistencia de sectores ideológicamente conservadores? ¿Será porque funciona como herramienta disciplinadora? ¿O será por su componente económico? Todo y más. No avanzar en un posicionamiento que habilite la modificación de esta ley, es una clara definición política de los gobiernos de turno para continuar favoreciendo una legislación que persigue y estigmatiza.

El “Fallo Arriola” deja muy en claro la imperiosa necesidad de debatir una ley de drogas distinta, que ponga el eje en las personas y no a en las sustancias. Una ley que ampare a la ciudadanía y destine los recursos del Estado (policial y judicial) en perseguir las cúpulas de las organizaciones criminales y no a simples consumidores. Hoy las cárceles están -en su gran mayoría- pobladas por los últimos eslabones de esa cadena, fundamentalemente mujeres y jóvenes.

Ante esta pasividad, en septiembre de 2019 se formuló el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, del cual participaron 28 organizaciones no gubernamentales provenientes del campo de los derechos humanos, las ciencias sociales, la seguridad, la educación y la salud mental; también asociaciones civiles dedicadas a difundir información sobre reducción de riesgos y daños, sobre cannabis y sus distintos usos.

¿Qué buscamos con este Acuerdo? Desarrollar una regulación legal del cannabis para el uso adulto, basada en criterios de salud pública, respetando los derechos de usuarios y usuarias. La regulación legal del cannabis sería un presupuesto básico para esa nueva política de drogas que debemos implementar.

El Congreso de la Nación debe legislar mirando la realidad, la cual indica que la actual ley ha fracasado, que hay un fallo de la Corte Suprema incumplido, que se legisló sobre el uso medicinal y sobre el uso industrial del cannabis, pero falta hacerlo sobre el uso adulto. La realidad muestra a decenas de miles de manifestantes participando de la Marcha Mundial de la Marihuana (#MMM2023) en distintas ciudades, exigiendo que se deje de encarcelar personas por cultivar, exigiendo una política de drogas que las respete, y exigiendo que el Congreso las represente. En definitiva de eso se trata la democracia.