Las políticas que han tenido algún tipo de eficacia a la hora de disminuir el narcotráfico han sido políticas planificadas, integrales, medibles y corregibles.

Siempre con una mirada nacional y -porque no- regional. De hecho, el 10 de agosto de 2009 se creó el Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico; fue en el marco de la Reunión de Presidentes de UNASUR, pensado como un ámbito de consulta, coordinación y cooperación en materia de prevención y lucha contra el problema mundial de las drogas.

Cuando vemos en Rosario que durante décadas el narcotráfico y la violencia no paran de crecer, no podemos dejar de preguntarnos cómo y quiénes deben actuar para comenzar a disminuir los escalofriantes números de muertes que padecemos.

Muertes de personas jóvenes y –en general- pobres.

Como es lógico, el receptor de los reclamos diarios es el Intendente. Nada reprochable hay en ello. Muy por el contrario, estaríamos en un problema si no le reclamáramos a quienes elegimos para conducir los destinos políticos de la ciudad y, en buena medida, la calidad de vida de cada uno/a de nosotros/as.

Pero el Intendente no dispone de agentes armados, ni de herramientas que hagan inteligencia criminal, ni designa jefes policiales o jueces. Pretender que en el Intendente encontremos las soluciones a estos graves problemas nos desvía de acercarnos a quienes si lo pueden hacer.

Sustento esta premisa analizando qué organismos tiene el Estado para aplicar una política determinada en los distintos planos de esta materia y en qué jurisdicción.

Unidad de Información Financiera. Para las organizaciones criminales la facilidad o no de lavar sus activos es determinante a la hora de desarrollar su negocio. No pocos dicen que el avance del narcotráfico en Argentina comenzó en la década de los 90 y fue con el ingreso de capitales negros que se blanqueaban en nuestro país. Para hacer investigaciones, serias y profundas, el circuito del dinero es clave. De ahí la importancia de este organismo. Órbita Nacional.

Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). La fácil accesibilidad a las armas de fuego es, sin duda, un problema a contrarrestar. La situación de Rosario precisa operativos frecuentes para tratar de disminuir el número de armas en las calles. Órbita Nacional.

Policía Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. En Rosario finalizan dos rutas nacionales: la 34 y la 11. Ambas nos conectan con países productores de marihuana y hoja de coca. Además, en nuestra zona hay una cantidad importante de puertos que unen las rutas al río Paraná, siendo puente entre esos países y Europa o Asia. Hace días hemos visto con claridad los galpones en barrio Empalme repletos de cocaína y el cargamento dispuesto a salir desde el puerto. Es en ése contexto que el control de las fronteras, las rutas nacionales y el río son esenciales. Órbita Nacional.

Aduana y AFIP. Estos organismos se complementan con las fuerzas de seguridad. Hacen inteligencia desde otro plano, con posibilidad de detectar transacciones encubiertas y así impedir el narcotráfico. Órbita Nacional.

Registro de Precursores Químicos. Poder detectar desvíos de precursores químicos puede ser el inicio de una investigación que desbarate una organización criminal. Es una herramienta que, utilizándola, puede llevarnos a las fábricas de sustancias ilegalizadas. Órbita Nacional.

Regimen Penitenciario. Sabemos que muchos de los hechos de violencia que padecemos en nuestras calles son pergeñados desde las cárceles federales o provinciales. La burla de padecer delitos pensados y financiados por ciudadanos que están presos. Órbita Nacional y/o provincial.

Justicia Federal. Rosario hoy tiene la misma estructura de la Justicia Federal que tenía hace 40 años. El narcotráfico, los delitos vinculados al mismo y la violencia no han parado de crecer y la Justicia Federal parece ser la única que no lo ha advertido. Órbita Nacional.

Policía Provincial. Si bien los delitos tipificados en la Ley Nacional de Drogas 23.737 no son jurisdicción de la policía local, no hay dudas que esta fuerza es la que conoce lo que pasa en el territorio y debería ser un eslabón importante en una política integral. Órbita Provincial.

Pero si hablamos de una política integral, no sólo deberíamos pensar en reducir la oferta de sustancias ilegalizadas, sino también, en disminuir la demanda de las mismas.

Programas como el Nueva Oportunidad, el Plan Abre, campañas que apuesten a modos de vidas saludables, políticas de empleo juvenil, culturales y educativas, necesariamente deben ser financiadas por los gobiernos nacional y provincial. Claro que el Intendente debe estar en esa mesa de planificación -entre otras cosas- porque posee un insumo clave como es la información local. Claro que debe involucrarse en lo operativo y en -la medida de sus recursos- en lo financiero; pero el problema es de tal magnitud que no se podrán implementar políticas serias, medibles y proyectables sin los recursos humanos y económicos de Nación y Provincia.

Un buen comienzo seria reglamentar la Ley IACOP (Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos) sancionada en 2014. Y también es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional.

En resumen. Sin una política integral no habrá cambios sustanciales y en este sentido es más probable que la realidad empeore. Es momento de aportar y de asumir responsabilidades. El “problema de Rosario” es un fenómeno que más o menos ya está avanzando al resto del país. Todos los Poderes del Estado en sus distintos niveles deben confluir en estas políticas, pero lo que está claro es cuál es la responsabilidad de cada uno. Nuestro rol ciudadano nos obliga a reclamar y exigir respuestas. También nos obliga a hacerlo a las autoridades que tienen las herramientas necesarias para revertir esta realidad que nos duele cada día, en cada barrio, en cada familia.