(Nota de La Capital)

No es un cliché, aunque suene como tal. Las políticas de drogas deben ser una política de Estado, es decir partir de un consenso, pensarlas a largo plazo, poder ser evaluadas, y sobre todo ser pasibles de correcciones o profundizarlas si se van obteniendo buenos resultados. No hay otra forma si lo que se busca es que sean eficaces.
Bien se podría decir que Argentina ha hecho todo lo contrario. Para sustentar esta afirmación, sólo basta repasar lo que se ha hecho en las tres últimas presidencias al respecto.

La gestión de los Kirchner logró algo insólito. Generalmente, en nuestro país, la llegada de un gobierno de otro signo partidario produce cambios de políticas, donde se abandona lo hecho y se presentan nuevas iniciativas. Sin embargo, los Kirchner lograron cambiar radicalmente las políticas de drogas aún en su mismo gobierno. Los funcionarios del área se sabotearon entre ellos las líneas de acción que propulsaban y llegaron a hacer pública una grotesca interna.

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Recordemos brevemente: pasamos de la gestión de José Ramón Granero (siete años y medio a cargo de la Sedronar), que se oponía a despenalizar la tenencia para el consumo personal, a la gestión de Rafael Bielsa, quien proponía todo lo contrario. Luego llegó el sacerdote Juan Carlos Molina, con los evidentes límites que plantea la articulación entre los dogmas eclesiásticos y las políticas públicas, a quien sucedió en carácter de interino Julio Postiglione.

La gestión K en materia de drogas fue errática, pendular, sin convocar al debate y en la única oportunidad que se llegó a un consenso amplio en el Congreso respecto a la posibilidad de dejar de castigar al consumidor, la presidenta de la Nación Cristina Fernández frenó su tratamiento en comisiones y clausuró el debate en el recinto por el resto de su mandato.

En todo el periodo, el secretario o ministro de Seguridad tuvieron más protagonismo que el secretario de la Sedronar. Entonces, la seguridad o lo represivo siempre estuvo sobre lo preventivo o educacional.

Cambiemos llegó al gobierno con la consigna de «Argentina sin narcotráfico», que en la práctica significó: posibilitar mediante decreto el derribo de vuelos no identificados, militares actuando en asuntos internos de seguridad y operativos e incautaciones. Nuevamente, muchas más noticias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que del secretario de la Sedronar, Roberto Moro. Las medidas represivas se imponen al enfoque sanitario o educativo.

A la hora de evaluar políticas públicas sobre drogas los países que tienen mejores resultados son aquellos en que la relación entre lo invertido para reducir la oferta es equivalente a lo invertido en bajar la demanda. Si el Estado destina 100 pesos, 50 van a lo represivo y los otros 50 a lo preventivo o asistencial. En nuestro país, la relación es 95 a 5. Relación que se mantiene en el tiempo, no siendo entonces de extrañar los resultados obtenidos.

Nunca se tuvo la decisión política de elaborar una política integral, pensada por todos y a largo plazo. Que salga del día a día. Que piense más en los ciudadanos que en las sustancias. Que tenga como objetivo bajar los consumos, todos los consumos. Que no siga castigando al consumidor y lo despegue del ámbito penal para ubicarlo en el sanitario, si hiciera falta. Que propulse campañas fomentando modos de vida saludables y en las que los jóvenes sean generadores de mensajes. Que tenga en cuenta que de los cuatro planos que se involucran en las conductas adictivas, el de las drogas ilegales es sólo uno de ellos, siendo necesario que los otros tres (drogas legales —principalmente, alcohol y tabaco—; psicofármacos consumidos sin prescripción médica; y adicciones sin sustancias —ludopatía—) también deban abordarse con una política estatal seria.

Es mucho lo que se puede hacer. El Poder Ejecutivo debe convocar al debate para diagnosticar y planificar una política con mirada a largo plazo. El año próximo tendremos nuevamente una campaña electoral nacional, y espero que se dejen de lado los eslóganes y las fotos efectistas para que se avance en este debate.

Sin una política de Estado sólo nos confinamos a ser cronistas de una situación que se irá agudizando. De algo estamos seguros, y es que no se resolverá con más represión.

Fabián Peralta
Referente ONG Miradas