Por Fabián Peralta

Las problemáticas causadas por la ludopatía vienen siendo materia de trabajo y preocupación de muchas organizaciones no gubernamentales a lo largo y ancho del país a partir de las consecuencias que esta enfermedad tiene para el entramado social y el entorno de quienes lo padecen. Desde la Asociación Civil Miradas venimos alertando y abordado el tema con mucha preocupación, registrando aumento de casos, ingresos a menor edad y nuevas formas de consumo.

Lo primero que queremos indicar es el uso adecuado de los términos y diferenciar un momento de esparcimiento de una enfermedad. La diferencia entre realizar una actividad con el fin de divertirse o entretenerse a sufrir una patología que consiste en la alteración progresiva del comportamiento y conduce a la incapacidad de resistir los impulsos de jugar apostando dinero.

En 2022 se cumplieron 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyera a la ludopatía como enfermedad definiéndose de la siguiente manera: “Es un trastorno que está caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida del enfermo en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales, familiares. Esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales tales como la pérdida de la fortuna personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales críticas”.

Las adicciones en general, se dividen en dos grandes grupos: con sustancias y sin sustancia. La ludopatía se ubica en la segunda porque existe una compulsión, una dependencia y/o un abuso en el consumo.

Marcamos muchas veces la ineficacia del control estatal pero también denunciamos la doble moral de ciertas políticas públicas. Es lo que ocurre con la Lotería de Santa Fe cuando, en los medios de comunicación, fomenta el juego relacionándolo con la acción social, cultural o deportiva de un Gobierno. Es inaceptable que se propicie que un ciudadano/a apueste para que, con ello, se generen acciones gubernamentales que tengan fines sociales, educativos y deportivos. El Estado debe no sólo cumplir con su obligación de garantizar derechos más allá que un ciudadano/a decida realizar una apuesta sino además cuidar a la ciudadanía en su conjunto ante una enfermedad que sigue escalando con más fuerza en todo el mundo. 

En Santa Fe, así como en gran parte del país, desde los años 90 la ludopatía se viene expandiendo a un ritmo acelerado con sus consecuencias irreparables. Mientras que la Comunidad de Madrid realizó en 2022 una campaña de sensibilización dirigida a jóvenes y adolescentes bajo el lema “Cuando apuestas siempre pierdes”, en Santa Fe no hemos podido impedir que el Gobierno Provincial cese de promover el spot que dice: “Si jugás con nosotros, contribuís al bienestar de la provincia de Santa Fe”. 

En este escenario donde el Estado es promotor, muchas veces no puede ni siquiera garantizar que a una persona inscripta en el registro de autoexclusión le fuera impedido el ingreso a un local de apuestas, naturalizando prácticas cotidianas  con impacto negativo en la problemática de las adicciones. Estos ineficientes controles se dificultan aún más con los casinos on line llegando a casos en los que las empresas están radicadas en paraísos fiscales.

El “Fallo Arriola” deja muy en claro la imperiosa necesidad de debatir una ley de drogas distinta, que ponga el eje en las personas y no a en las sustancias. Una ley que ampare a la ciudadanía y destine los recursos del Estado (policial y judicial) en perseguir las cúpulas de las organizaciones criminales y no a simples consumidores. Hoy las cárceles están -en su gran mayoría- pobladas por los últimos eslabones de esa cadena, fundamentalmente mujeres y jóvenes.

Ante esta pasividad, en septiembre de 2019 se formuló el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, del cual participaron 28 organizaciones no gubernamentales provenientes del campo de los derechos humanos, las ciencias sociales, la seguridad, la educación y la salud mental; también asociaciones civiles dedicadas a difundir información sobre reducción de riesgos y daños, sobre cannabis y sus distintos usos.

¿Qué buscamos con este Acuerdo? Desarrollar una regulación legal del cannabis para el uso adulto, basada en criterios de salud pública, respetando los derechos de usuarios y usuarias. La regulación legal del cannabis sería un presupuesto básico para esa nueva política de drogas que debemos implementar.

El Congreso de la Nación debe legislar mirando la realidad, la cual indica que la actual ley ha fracasado, que hay un fallo de la Corte Suprema incumplido, que se legisló sobre el uso medicinal y sobre el uso industrial del cannabis, pero falta hacerlo sobre el uso adulto. La realidad muestra a decenas de miles de manifestantes participando de la Marcha Mundial de la Marihuana (#MMM2023) en distintas ciudades, exigiendo que se deje de encarcelar personas por cultivar, exigiendo una política de drogas que las respete, y exigiendo que el Congreso las represente. En definitiva de eso se trata la democracia.

Sí algo podían garantizar los casinos físicos, en comparación a los online, era el impedimento a que menores de edad ingresaran a los mismos. En la virtualidad esa garantía no está dada. Sí un casino físico, por definición, nos imponía una barrera social, un imaginario social, programas de juegos responsables, una exposición, entre otros posibles programas, estos aspectos no se contemplan ni se proporcionan en los casinos on line.

Desde Miradas observamos que la pandemia de 2020 propició la profundización  de las adicciones al poner sobre la mesa nuevas plataformas virtuales de apuestas. Pero además, cobraron más presencia los juegos virtuales monetizados. A edades más tempranas vemos un primer acercamiento a las apuestas en el jugar videojuegos. Allí aparecen las primeras microtransacciones y las llamadas «Loot Boxes» o “Cajas de Botín” que están totalmente normalizadas por influencers especializados en videojuegos, con un peligro que parece no advertirse aún por los Estados.

Otro punto de contacto es el hecho de que en las plataformas de streaming donde se reúnen los jugadores (gamers), los casinos on-line son una fuente importante de  publicidad y eso ayuda a confundir juego con “juegos de apuestas” que, como sabemos, propone una delgada y peligrosa frontera.

El tema de las “Loot Boxes” o “Caja de Botín” de los videojuegos nos preocupa particularmente y nos está empezando a ocupar. Nos preocupa porque tienen una lógica similar a la de máquinas tragamonedas que, como siempre dijimos, tienen un gran poder para potenciar comportamientos adictivos. Y porque, los videojuegos, principalmente, son utilizados por adolescentes. La comisión de juego del Reino Unido analizó las “Cajas de Botín” y detectó que el 93% eran aptas para mayores de 12 años y el 57% para mayores de 7 años. 

Frente a la magnitud de una enfermedad que crece silenciosamente en todo el mundo, el Estado no actúa en su tratamiento y prevención en la medida que ejerce campañas confusas como la antes mencionada que profundizan mensajes contradictorios y relativizan las propias obligaciones del Gobierno presuponiendo un riesgo sobre quienes viven a diario con el padecimiento de una adicción al juego por apuesta.

Los videojuegos, sus “Cajas de Botín”, las publicidades de casinos virtuales en las plataformas de streaming, el sponsoreo de equipos de e-sports y la relación de estas prácticas con el lavado de dinero y la evasión fiscal, no están siendo analizados por los Estados como corresponde salvo algunas excepciones. Consideramos que, particularmente, deberíamos poner el foco en los niño/as y adolescentes ya que no cuentan con la información y la madurez para ponerse los propios límites. Debe ser tarea del Estado informar y realizar campañas claras y sin dobles sentidos. La desinformación, la desregulación, la informalidad y la naturalización son un caldo de cultivo que puede traer graves consecuencias.