¿Un Plan Argentina contra las drogas?

Por Juan Gabriel Tokatlian

La “guerra contra las drogas” fue una estrategia impulsada por la administración Nixon a inicios de los setenta. Un hito en esa política fue la creación, en 1973, de la Agencia para el Cumplimiento de Leyes anti-Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El macrismo adhiere a ese paradigma reactualizado con la doctrina de las “nuevas amenazas” del Comando Sur de Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico fue una de las banderas de campaña electoral de la alianza Cambiemos. En agosto de 2016, el gobierno anunció el plan “Argentina sin narcotráfico”. En ese acto, Mauricio Macri sostuvo que “tenemos que ganar esta guerra”. “Lo curioso es que el gobierno decidió emprender esa cruzada justo cuando América latina se apresta a abandonarla. Hoy la región busca y aplica políticas públicas alternativas sustentadas en la experimentación, la regulación estatal y la reducción de daños”, explica Juan Gabriel Tokatlian en su artículo Jaque a la guerra contra las drogas publicado en la Revista Anfibia. 

Una nota publicada en Infobae (“Terrorismo, narcotráfico y defensa: La agenda de Aguad y Bullrich en su visita a Estados Unidos”) el 3 de febrero de 2018 comentó que “según fuentes de la Casa Rosada, hay una intención precisa de Macri de intensificar los operativos conjuntos del Comando Sur con las Fuerzas Armadas argentinas para la lucha contra el narcotráfico”.

Según señaló una nota publicada en Clarín (“El Gobierno pidió a Estados Unidos que incluya a la Argentina en el combate contra las drogas en la región”) el 13 de febrero y que resumía el viaje a Estados Unidos (Washington DC y Miami) del Ministro de Defensa, Oscar Aguad y de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los funcionarios indicaron la voluntad del gobierno de Cambiemos de propiciar una mayor colaboración entre la Argentina y Estados Unidos en los campos de la defensa y de la seguridad.

Según esa nota la Ministra Bullrich subrayó lo siguiente: “Queremos un plan que nos involucre”. Así entonces, al parecer, desde la cartera de Seguridad se pensó (¿piensa?) lograr un “Plan Argentina” contra las drogas financiado en cierta medida, sería de suponer, por Washington. Si esa fue y aún es la intención, la misma refleja un nivel de ignorancia y equivocación inquietante. Veamos por qué.

Primero, parece desconocerse la variedad y el contenido de los “planes” anti-narcóticos impulsados por Washington. Como se sabe, al Plan Colombia de 2000 se le añadió tiempo después la Iniciativa Anti-Drogas Andina. En 2008 se lanzó la Iniciativa Mérida con epicentro en México, complementada por la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica. Adicionalmente, en 2009 y con una mayor atención colocada en México, se dio inicio a la National Southwest Border Counternarcotics Strategy. Además, en 2010 se puso en marcha la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe. En 2011 el Departamento de Defensa presentó su Counternarcotics & Global Threats Strategy que, respecto a Latinoamérica, ubicó el acento en México, América Central, Colombia y Perú.

A su vez, en 2015 comenzó la Caribbean Border Counternarcotics Strategy, mientras que en diciembre de 2016 el Congreso aprobó la United States-Caribbean Strategic Engagement Act. En esencia, los planes anti-drogas respecto a América Latina y el Caribe tienen un hilo conductor que los liga y que contempla cuatro dinámicas: a) la securitización mediante la cual un asunto de salud pública se convierte en un problema de seguridad nacional; b) la militarización consistente en involucrar directamente a las fuerzas armadas en la lucha contra los narcóticos; c) la americanización a través de la cual se aplica un conjunto amplio de iniciativas y prácticas represivas; y d) la privatización expresada por el avance de contratistas privados en tareas contra el narcotráfico en países receptores de asistencia estadounidense.

Dichas dinámicas generan una adicción a la ayuda de Washington, horadan las relaciones cívico-militares, erosionan aún más a Estados frágiles en el área y perpetúan la lógica de la “guerra contra las drogas” a la espera de alcanzar la quimera de la abstinencia.

Segundo, parecen obviarse los rotundos fracasos de aquellos planes, tanto en términos de la cuestión de las drogas propiamente dicha como respecto a otros asuntos fundamentales para la democracia. Los datos disponibles son elocuentes. Los cultivos ilícitos no se han erradicado — más aún, en varios casos, en distintos países y según determinados años, han crecido. Las organizaciones criminales ligadas al negocio de las drogas no se han debilitado; por el contrario, han proliferado, se diversificaron y se han fortalecido.

El control del lavado de activos derivado del narcotráfico es mediocre. Paralelamente, se producen graves crisis de derechos humanos ligados a la participación de las fuerzas armadas en el combate anti-narcóticos. Muchos militares se desmoralizan por el hecho de verse involucrados en roles y misiones que no les corresponden. El castigo de las estrategias punitivas recae principalmente en los jóvenes, los pobres y las mujeres. Los sistemas judiciales son ineficaces ante el auge del narcotráfico y se empeora aún más su funcionamiento. Aumentan la corrupción y la violencia. Los países pierden soberanía y autonomía. En breve, los “planes” de Estados Unidos en la región en materia de drogas han sido un fiasco formidable y costoso.